Esta sentencia sanciona la «pérdida de oportunidad» en la atención primaria. El tribunal establece que la falta de rigurosidad en los registros clínicos y las deficiencias en los protocolos de traslado de urgencia no son solo errores administrativos, sino vulneraciones graves a la seguridad del paciente que generan responsabilidad civil indemnizable por parte de las municipalidades.
En un fallo dictado el 2 de diciembre de 2025, el 1º Juzgado de Letras de Talagante, acogió la demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Ilustre Municipalidad de Talagante. La sentencia condena a indemniza a los demandantes tras acreditarse una «falta de servicio» en la atención brindada a una paciente de 80 años en los dispositivos de salud de la comuna.
La estrategia legal fue liderada por el abogado Víctor Flores Carvajal, quien logró demostrar que la administración municipal incurrió en omisiones críticas que vulneraron la lex artis médica y la Ley N°20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes.
El caso se remonta a diciembre de 2019, cuando la paciente acudió al SAPU Alberto Allende Jones por síntomas abdominales. Según los antecedentes, se le suministró metoclopramida, un fármaco que —dada su insuficiencia renal crónica— no fue debidamente ajustado ni supervisado.
Tras presentar un colapso con compromiso neurológico, la paciente fue trasladada al SAR María Eugenia Torres en condiciones precarias: en silla de ruedas, sin una vía venosa instalada y sin el soporte de glucosa necesario para estabilizar su cuadro de hipoglicemia severa.
El tribunal, bajo la magistratura de Daniela Soto López, fundamentó la condena en tres pilares:
Ficha Clínica Incompleta: La ausencia de datos clave en el examen físico y la anamnesis constituyó un incumplimiento del deber legal de registro.
Pérdida de Oportunidad: El peritaje médico-legal determinó que las deficiencias asistenciales privaron a la paciente de acceder a tratamientos que podrían haber cambiado el desenlace clínico.
Falta de Servicio: Se estableció que el sistema de salud municipal operó de forma irregular, no otorgando la prestación técnica que el estado de fragilidad de la paciente requería.
La sentencia que condena a la Municipalidad de Talagante refuerza la importancia de la fiscalización en los centros de salud primaria y establece una advertencia clara sobre la responsabilidad de los municipios en la gestión de urgencias médicas.
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